Foto Raimundo Rubio
El tema más discutido fue la definición de autonomía universitaria El auditorio de la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní mostró este miércoles casa llena. Representantes estudiantiles, oficialistas y opositores, discutieron la conformación de un nuevo proyecto de ley universitaria. Sin embargo, los verdaderos protagonistas no fueron los dirigentes estudiantiles universitarios, sino los estudiantes de cuarto y quinto año que dejaron el papel de audiencia pasiva, ante las ponencias, y plantearon sus opiniones e inquietudes como futuros universitarios.
En la entrada del auditorio se repartió a cada uno de los presentes una copia de LEU, para, según los organizadores, obtener de primera mano la información y seguir “al pie de la letra” las intervenciones de los ponentes, sin que éstos pudieran dar interpretaciones erradas de la ordenanza. El primer ponente fue el profesor de la Universidad Nacional Experimental politécnica (Unexpo), Luis García, quien basó su intervención en rescatar los elementos, según él, indispensables en una nueva ley de universidades como lo son: democracia protagónica, universalización, formación integradora, educación contextualizada y pertinencia.
“Estas categorías no se pueden dejar de un lado, sino ser profundizadas en este proyecto de ley de universidades que está en discusión en este momento”, afirmó García.
Futuros universitarios
A la plenaria asistieron estudiantes de los liceos: Lino Valles, Manuel Piar, Cecilio Acosta, Guayana, Santa María, entre otros; que escucharon con atención las ponencias, oficialistas y opositoras, para después subir al estrado y exponer sus opiniones.
Andreína Torrealba, estudiante de cuarto año, explicó la importancia de la integración de este sector a un debate sano y sin violencia. Señaló en su intervención el concepto de autonomía que la nueva ley quiere plasmar en la educación universitaria. “Cuando nos referimos a la autonomía, nos referimos al derecho de igualdad, a la conciencia social de la partición plena entre obreros, profesores, estudiantado y diferentes entes que hacen vida en la casa de estudio, llámese centro de estudiante o federación de centros”.
Torrealba, que pertenece a la Organización Bolivariana de Estudiantes de Educación Media, indicó que es importante que cada ciudadano conozca bien los ordenamientos, sin dejarse llevar por opiniones de otras personas. Asimismo, expresó que los estudiantes poco a poco han ido comprendiendo la ley gracias a los distintos debates y al parlamentarismo de calle.
La autonomía universitaria
El debate se abrió con la ponencia de David Figueroa, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la cual se asentó en la autonomía y la democracia. “Expliqué la diferencia entre autonomía universitaria y soberanía, que creo que es el punto que más ha generado confusiones en este tema”, afirmó.Con la analogía de un país creado por él, Figueroa trató de mostrarle al auditorio cómo cada institución de un estado puede mantener su autonomía, en comprensión de que su soberanía depende del poder ejecutivo y del plan de gobierno que éste establezca.
Figueroa, que ejerce como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UNEG, indicó que en el proyecto de ley vetado el marco de autonomía era mayor que en el antiguo ordenamiento de 1970, en el cual sólo se observaba en los artículos 9 y 10. “Esta ley contempla la autonomía como principio fundamental en su artículo 3, en el artículo 18 con todos sus parágrafos y numeraciones, y, además, como función del ministerio de defender la autonomía universitaria. Aquí hay mayor autonomía”.
Aseguró que “lo que está en discusión no es la autonomía; sino aclararle a la gente qué es la autonomía universitaria y concertar cuáles son las funciones que cumple el Ministerio de Educación Universitaria y cuáles son las funciones que cumplen internamente, de forma autónoma, las universidades”.
Luego de la ponencia de Figueroa, Miguel Rodríguez, representante del Movimiento Estudiantil, tomó el micrófono. En su intervención debatió el análisis de “amplia autonomía”, planteado por el orador pasado, basándose en el razonamiento de los artículos 11, 14 y 32 de la legislación.
El vicepresidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB-Guayana), continuó su ponencia cuestionando la pluralidad que, según intervenciones anteriores, se expresa en el nuevo ordenamiento. “Se habla de pluralidad pero en la ley mencionan la instauración de un sistema socialista. ¿Qué pasa entonces con los que no son socialistas? ¿En dónde quedó el respeto a su forma de pensar? ¿No serán éstos perseguidos?”, argumentó Rodríguez, lo que generó el aplauso de gran parte de la audiencia como símbolo de aceptación.
El estudiante de Comunicación Social cerró su ponencia mencionando el caso de su campus universitario, en el que aseguró se admite a cualquier estudiante. Esta aserción generó comentarios en el público que fueron calmados cuando Rodríguez, afirmó que más de la mitad de la matrícula de UCAB Guayana posee una beca estudiantil. “Yo soy parte de ese porcentaje”, aseveró con euforia, lo que de nuevo impulsó los aplausos del público presente.
Concepto en debate
El tema de mayor polémica en la plenaria realizada fue la concepción de autonomía universitaria. En el transcurso del debate la definición de esta palabra fue sometida a distintos cambios en dependencia de la ideología de las personas que la argumentaban.
Para David Figueroa, presidente de Federación de Centros Universitarios de la UNEG, la autonomía universitaria “es la forma en la que las universidades deben buscar convivir con el gobierno, en este caso con el Ministerio de Educación Universitaria para llevar a cabo sus objetivos fundamentales”.
Samuel Petit, representante del Movimiento Estudiantil, concibe la autonomía universitaria como “el concepto que tiene un ente o un organismo para plantear sus ideas sin que éstas sean modificadas por un ente ajeno”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define, en su artículo 109, a la autonomía universitaria como un “principio y jerarquía” en el cual las universidades “se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su presupuesto bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.
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